En medio de un panorama de agitación social y cuestionamientos gubernamentales, Panamá se encuentra en una encrucijada de intereses contradictorios que afectan desde la salud pública hasta la estabilidad política y económica. Las protestas, avivadas por años de frustración acumulada ante la corrupción y la sensación de abandono por parte del gobierno, han escalado a niveles críticos. La situación se complica con la postergación de eventos internacionales importantes, como la COP10 y el MOP3, y se agudiza por la controversia en torno a la figura de la Dra. Reina Roa, la representante de Panamá en la OMS.
En las calles de Panamá el aire está impregnado de un matiz de descontento palpable. Esta nación, emblemática por su histórico canal y su papel como cruce de caminos, se encuentra actualmente en una encrucijada de una naturaleza distinta y compleja.
Noviembre de 2023 en Panamá quedará marcado por el estruendo de las protestas sociales, las más grandes en décadas. El epicentro de este torbellino es un contrato minero que ha destapado una olla de descontento y desconfianza popular. La chispa inicial fue la aprobación del contrato con Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals, en un acuerdo envuelto en controversia que ha sido visto por muchos como un símbolo de injusticia y desigualdad.
En Panamá, la intersección de intereses entre la salud pública local, la política y el capital global se entrelazan de manera compleja, planteando un desafío complejo. Este panorama refleja las tensiones inmediatas de un país en agitación y los dilemas profundos de un estado en la búsqueda de equilibrio entre las necesidades de su gente y las presiones de un entorno político y económico global en constante cambio. A esto se suma el cansancio palpable de la población.
Las protestas, que van más allá del mero descontento con un contrato minero, son la manifestación de rabia y frustración acumuladas por años de corrupción, escándalos y un sentimiento de abandono. Las carreteras bloqueadas y los clamores de justicia son un claro indicativo de que las medidas tomadas por el gobierno panameño para restaurar la paz social han sido insuficientes.
La lucha contra el tabaco en medio del descontento social
En este contexto turbulento, eventos internacionales como la COP10 y el MOP3 han sido postergados debido a preocupaciones de seguridad. Aún sin fechas, la Décima Conferencia de las Partes (COP10) del Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) y la tercera reunión del MOP3 del Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco se ven relegados a un segundo plano ante la crisis nacional.
La controversia se intensificó cuando se reveló un contrato de 4.881.732,20 dólares otorgado a un consorcio para organizar la COP10. Esta cifra, contrastando con las necesidades básicas del sistema de salud del país, ha exacerbado la percepción de una desconexión entre el gobierno y las necesidades de la población. El director médico, Fernando Castañeda, expresa su frustración a la prensa local al comparar la suma invertida con lo que se podría haber hecho en el sector salud.
La situación se complica aún más cuando el consorcio organizador, enfrentando sobrecostos y el rechazo a un aumento presupuestario de 2 millones de dólares, se retira abruptamente. Esto deja a la OMS con un centro de convenciones reservado pero sin organizador y a los delegados internacionales con la posibilidad de llegar a una Ciudad de Panamá marcada por la desorganización y las protestas.
Finalmente, la controversia se extiende a la figura de la Dra. Reina Roa, representante de Panamá en la OMS, quien enfrenta cuestionamientos legales y morales sobre su idoneidad para representar al país en la COP10. Las acusaciones sobre su gestión, junto con la implicación en irregularidades financieras y de salud pública, cuestionan la credibilidad de Panamá en el escenario internacional. A pesar de los avances en la reducción del consumo de tabaco, el país enfrenta retos emergentes como el aumento del mercado ilegal, la pérdida de ingresos fiscales, la influencia de firmas tabacaleras asiáticas y el crecimiento del contrabando.
Un costo humano inaceptable
La situación en Panamá, marcada por una serie de protestas violentas, pinta un cuadro sombrío. La violencia, caracterizada por muertes y ataques en medio de bloqueos carreteros, plantea interrogantes sobre los límites de la protesta y la respuesta gubernamental. Esta situación ha llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a reprender al país por el uso excesivo de la fuerza, recordando que la protesta social es fundamental en la defensa de los derechos humanos y la democracia.
Estas protestas son indicativas de algo más que una simple reacción a un contrato minero. Reflejan el anhelo de una sociedad que busca ser escuchada en un país donde la brecha entre ciudadanos y líderes se ensancha. Frente a esta crisis, Panamá se encuentra en una encrucijada crítica, donde la salud pública, la política y la economía se entrelazan en un laberinto de desafíos y oportunidades. El país se enfrenta al desafío de encontrar un camino hacia la reconciliación y el respeto mutuo, que proteja los derechos de todos y fortalezca su democracia.
Esta compleja situación se ve reflejada en el ámbito internacional, como lo demuestra la cancelación de la COP10 en Panamá, un evento que va más allá de ser un contratiempo logístico. Esta cancelación es un reflejo de cómo la política y la seguridad pueden influir en la salud pública y la reputación internacional. Panamá, en su esfuerzo por equilibrar desarrollo, salud y bienestar, enfrenta un desafío monumental, bajo la observación del mundo. Esta situación subraya que la salud pública es un reflejo de las prioridades y tensiones de una sociedad bajo la sombra de una multiplicidad de intereses.
Paralelamente, la Conferencia de las Partes (COP), que supervisa el Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) de la OMS, enfrenta sus propios desafíos. A pesar de su misión de proteger a las generaciones de los efectos del tabaco, existe una preocupación creciente de que imponga restricciones severas a los productos de reducción de riesgos y daños en general y al vapeo en particular, una alternativa utilizada por millones de exfumadores. Esta ironía resalta una potencial contradicción en los objetivos del CMCT.
Además, la COP ha sido criticada por su enfoque que parece contradecir los principios democráticos. La conferencia limita la observación de la prensa y la participación social, eligiendo selectivamente a los observadores y excluyendo a los afectados por sus decisiones. Esta actitud aumenta el déficit democrático y crea barreras para la transparencia y la participación equitativa.
En el contexto del Control del Tabaco, se ha normalizado una preocupante falta de transparencia y diálogo. La exclusión de la prensa y el público de las reuniones del CMCT se ha convertido en una práctica común, planteando un desafío significativo: ¿Cómo puede un organismo tomar decisiones éticas y efectivas para la salud pública global sin la inclusión y el escrutinio de los directamente afectados? ¿Habrá protestas?
La transparencia y la confianza en crisis
En Panamá, las calles se han convertido en un barómetro de la inquietud social, reflejando una crisis más profunda de confianza y representación. Paralelamente, la Conferencia de las Partes (COP10), lejos de las turbulencias directas de estas protestas, encarna un patrón similar de opacidad y exclusión.
Estos dos escenarios, aunque distintos en su naturaleza y alcance, revelan una correlación preocupante que subraya un problema más amplio de desconexión y desconfianza tanto a nivel nacional como internacional.
Primero, la desconfianza en las instituciones emerge como un hilo conductor. En Panamá, la desconfianza se manifiesta en las protestas contra decisiones gubernamentales percibidas como corruptas e injustas. De manera similar, la COP10, con su falta de transparencia, alimenta la sospecha sobre las motivaciones detrás de sus decisiones y la legitimidad de sus acciones.
La exclusión y la falta de representación son también preocupaciones paralelas. En Panamá, la brecha entre los líderes y la población general se ha ensanchado, creando un sentimiento de alienación. En el caso de la COP10, la restricción de la participación de la prensa y de ciertos grupos sociales sugiere un entorno donde ciertas perspectivas y preocupaciones no se abordan adecuadamente.
Además, tanto en Panamá como en la COP10, la necesidad crítica de diálogo y participación inclusiva es evidente. Panamá necesita un esfuerzo concertado para incluir diversas voces en la resolución de conflictos y reconciliación. Del mismo modo, la COP10 se beneficiaría de una mayor apertura y diálogo, permitiendo una variedad de participantes y puntos de vista, lo que podría conducir a decisiones más equilibradas y aceptadas.
La agitación en Panamá y las dinámicas en la COP10 destacan los desafíos que surgen cuando las instituciones carecen de transparencia, excluyen la participación significativa de la ciudadanía y restringen el diálogo con las partes interesadas. Estos casos ilustran cómo estas prácticas pueden exacerbar la tensión social y erosionar la confianza del público, revelando un llamado urgente a reevaluar y reformar cómo las instituciones interactúan y responden a las necesidades y expectativas de aquellos a quienes sirven.
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